La respuesta del Estado no puede seguir siendo reactiva ni limitada a discursos simbólicos. Se requiere una actuación firme y coordinada entre las instituciones para fortalecer los mecanismos de prevención, mejorar la atención y protección de las víctimas, y garantizar justicia efectiva para las mujeres que han sido asesinadas. La lucha contra los feminicidios debe ser una prioridad nacional, con acciones concretas y sostenidas en el tiempo.

Hacemos un llamado a las autoridades a asumir con responsabilidad su rol en la erradicación de la violencia basada en género. No podemos permitir que las vidas de las mujeres sigan siendo arrebatadas sin consecuencias ni respuestas efectivas. La protección de los derechos de las mujeres y la garantía de su seguridad no son opcionales; son una obligación del Estado y de toda la sociedad.

Si usted o alguien que conoce está en riesgo, puede comunicarse con la Línea 100 del MIMP, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día. La erradicación de la violencia basada en género requiere un compromiso real y urgente.